jueves, 19 de septiembre de 2013

Alea jacta est.



Alea jacta est.-

Por Félix Justiniano Ferráez.-

La detención y encarcelamiento de Carlos Trigos Perdomo, debiera ser el inicio de una investigación seria, meticulosa, proba y alejada de intereses, complicidades y padrinazgos, es decir, debe ser una investigación simple y llanamente apegada al derecho y al imperio de la ley.
Más allá de los deseos ciudadanos de ver detenidos a todos aquellos, quienes de una forma u otra estuvieron involucrados en estos hechos delictivos, lo cierto es que Carlos Trigos Perdomo no sólo actuó por ambición enfermiza y codicia personal, si no que tuvo necesariamente la complicidad de sus superiores, compañeros homólogos y subalternos, unos por complicidad directa y algunos otros por omisión, contraviniendo la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, porque el hecho de responsabilizar a Trigos Perdomo de una falta como la de que su declaración patrimonial no coincidiera con su catastro personal inmobiliario, y no por el saqueo inmisericorde que sufrieron las arcas municipales, habla de una tibia medida adoptada por autoridades timoratas, que solo salieron al paso inhabilitando al ex tesorero por el incumplimiento de un trámite administrativo y no por la figura jurídica de enriquecimiento inexplicable, que desde los tiempos del Procurador Javier Coello Trejo se persiguiera como delito tipificado, y que no se les olvide el principio de supremacía de la leyes.
Lo cierto es que las autoridades que sucedieron a la administración de Gregorio Sánchez Martínez en su etapa final, no cumplieron satisfactoriamente el juramento de guardar y hacer guardar la constitución del país, la del estado y demás etcéteras porque como ciudadanos solo conocemos de esa sanción disciplinaria contra el corrupto ex funcionario, que hoy está encarcelado por una denuncia penal realizada por la Auditoría Superior del Estado y no por la honorabilidad de un presidente sustituto que en vez de hacer respetar las leyes, que si invocó para asumir el cargo de titular en la presidencia cuando le era negado,  hizo con las mismas un ominoso silencio cubierto de impunidad ante la galopante corrupción de sus antecesores y sus propios subordinados.
Ya veremos si la actual contralora municipal tiene el talento, la capacidad y el valor cívico para abrir una investigación por estos hechos, en contra de Jaime Hernández Zaragoza y Juan Carlos Gálvez Mujica, particularmente porque quien funge como  contralor municipal de Hernández Zaragoza,  debió haber tenido conocimiento de estos hechos irregulares, por su antigüedad en el cargo y como parte de sus obligaciones delimitadas en la Ley de los Municipios.
Lo que es irrefutable es que en dos administraciones perredistas consecutivas, hemos tenido a 4 funcionarios a cargo de la presidencia municipal y 4 contralores municipales; y en la mayoría de los casos lo que hemos escuchado es un rosario de excusas y argumentos sosos sin que nadie se atreva a ponerle nombre y apellidos a los responsables del enorme saqueo municipal, que la mayoría de los ciudadanos saben quiénes son y excepción hecha de la inhabilitación exprofeso contra Trigos Perdomo, las denuncias que se han presentado son contra quienes resulten responsables, como si hubieran sido robos anónimos y no por funcionarios de carne y hueso que ostentaron cargos específicos desde donde operaron contra las arcas municipales y en agravio de los cancunenses.
Una auditoría hecha como Dios manda, si es que la contralora municipal ha tenido la molestia de leer las normas y procedimientos de auditoría, que como materia de la carrera de Contaduría Pública  se da en los últimos 3 años de esta licenciatura, pondría de relieve cada una de las infracciones cometidas a los procedimientos administrativos establecidos, el monto de los daños perfectamente cuantificados, la definición de las responsabilidades específicas y la interrelación entre las áreas involucradas en cada caso, porque las evidencias deben ser suficientes y competentes, fundamentadas en derecho y las investigaciones exhaustivas y probas apelando a las técnicas que establece las normas de referencia, es decir denuncias lo que te consta, lo que puedes acreditar y documentar, acusas a quienes sabes son indubitablemente responsables, porque si la importancia de la revisión y pruebas son relativas, entonces el riesgo es probable, dice otra de las normas.
Las investigaciones mediocres, amañadas o insuficientes, no alcanzan a delimitar con precisión las conductas delictivas de los servidores públicos  y en la mayoría de los casos son sólo serendipias, para mantener ocupada a la autoridad ministerial, para que ésta termine de realizar el trabajo que por ley le corresponde a las municipales, todo ello a fin de  proteger sus propios yerros, desaciertos e irregularidades en su desempeño como funcionarios del erario.
De manera que es fácil delegarle las responsabilidades del buen curso que sigan las demandas presentadas a los ministerios públicos, señalando esas pajas con índice flamígero, pero dejando de ver las vigas propias.
El tema da para mucha tinta aún, porque el tamaño del daño a los cancunenses es descomunal y sólo los que han estado en las entrañas del monstruo, saben de la verdadera dimensión de la descomposición moral y de la infame corrupción cometida en agravio de este municipio.
Si bien le va al corrupto ex tesorero, será juzgado por las leyes de carácter local, porque sus propiedades inmobiliarias descubiertas en New York, Florida más las locales, así como las cuentas que se informan tiene en los Estados Unidos de Norte América y algunos otros países, son motivos más que suficientes para que la actual Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, alias la SEIDO, inicie una serie de investigaciones para calificar el origen de esos recursos, el pago de los impuestos federales originados por esos monumentales ingresos, así como el traslado de dominio que se debió cubrir por todos esos inmuebles millonarios que se acreditaron como propiedades de un funcionario municipal de segundo nivel, que en modo alguno puede justificarlos con sus ingresos de empleado municipal.
“Alea jacta est”, expresó Julio César al cruzar el Rubicón y rebelarse al senado romano, aquí la suerte se ha echado por parte de una autoridad legislativa, veremos de que están hechas las otras autoridades a cuyo cargo está la responsabilidad de destapar la olla de presión y las consecuencias que conlleva el involucramiento de apellidos conspicuos mismos que Trigos Perdomo sacará a relucir como parte de su desesperada defensa.

@watane1
Caribe Mexicano
Diciembre de 2012.


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