Apuntes básicos para improvisados

Apuntes básicos para improvisados.

El principio fundamental de la democracia es la elección libre de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, la insaculación de los mismos por parte de la soberanía de un país, estado o municipio los convierte en sus mandatarios, es decir en receptores de las facultades que le otorgan sus MANDANTES que son nada más y nada menos que los ciudadanos, que interactúan en un espacio al que denominamos sociedad, con reglas, principios, costumbres y sobre todo leyes.

Dicho simple y llanamente los mandatarios llámense, presidentes, gobernadores y legisladores, son EMPLEADOS de los ciudadanos quienes a través del sufragio les encomendamos el altísimo honor de manejar los recursos y bienes públicos, que son de todos en lo general y de ninguno en lo particular.

Para ese efecto se ha creado una estructura jurídica que rige el actuar de mandatarios y mandantes, a ambos los dota de derechos y de obligaciones;  pero sólo a los mandatarios se les obliga por esas mismas leyes a protestar guardar y honrar públicamente a todas ellas, en tanto se desempeñen como empleados nuestros.

Cabe aclarar que los ciudadanos votamos por legisladores, presidentes y gobernadores, no votamos por jueces, ni por los integrantes de un gabinete, más allá de la instancia gubernamental a la que pertenezcan, porque esas es una de las facultades que le otorgamos a nuestros mandatarios.

Por lo tanto son ellos, los servidores públicos nombrados por decretos diversos, los primeros en servirnos y darnos cuenta de su proceder por los recursos de todo tipo que le hemos confiado.

Por ello es nuestro derecho pedir cuentas de lo que ha ocurrido con el endeudamiento inmisericorde que sufrió nuestro estado y las consecuencias que deben derivarse por las irregularidades que indudablemente se cometieron.

Pero también es nuestro derecho exigirles nos informen cabal y puntualmente lo ocurrido con los servicios de agua potable en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Finalmente el agua potable es y seguirá siendo un recurso público, es decir de todos, y no de Roberto Borge Angulo y los irresponsables integrantes del congreso del estado pertenecientes a la XIV legislatura y los serviles cabildos de los municipios que participaron en ese vergonzoso y desleal acto.

Hablamos que por las pistolas de aproximadamente 165 fulanos a quienes les cubrimos puntualmente sus sueldos, vacaciones, aguinaldos, viáticos y demás canonjías, se reventaron la puntada de concesionarle esos servicios básicos y fundamentales, pero sobre todo nuestros, al sector privado sin que se nos tomara parecer, salvo la farsa de sus reuniones fast track a espaldas de sus patronos que somos más de un millón ciudadanos muy decepcionados y hartos de estos tipejos,

¿Y las contralorías municipales?

¿Y la Secretaría de la Gestión Pública?

¿Y la Auditoría Superior del Estado?

A casi cien días del inicio del nuevo gobierno, nadie nos ha dado una explicación de lo acontecido y las medidas disciplinarias administrativas o penales tomadas en contra de la ex titular de la CAPA Paula González, diputados locales, regidores, y el ejecutivo estatal que tomaron esas decisiones en aquellos lamentables momentos, ni lo realizado para castigar a  los encargados de vigilar y sancionar en su momento que esos pillos no se salieran con la suya.

Ni Eduardo Martínez Arcila, Emiliano Ramos, Rafael del Pozo o Javier Zetina han tenido la gallardía de asumir como propia la causa popular y asumir que esos delitos no pueden, ni deben quedar impunes.

El ejecutivo del estado, más que por promesas de campaña debe de actuar por obligación del marco jurídico que protestó guardar y hacer guardar, y aún más, aunque no fueran slogans publicitarios de la campaña, tiene el deber moral de proceder contra sus antecesores e informarnos puntualmente de lo que ocurre en todos los ámbitos de su administración. No es una gracia que nos concedería; es una obligación por la cual le pagamos un decoroso salario.

Es de mayor provecho informarnos el avance de las investigaciones realizadas y hablando con los hechos poner tras la rejas a todos los corruptos cuyos nombres todos sabemos, que dentro de una economía en crisis, publicitar que se va a comprar un software (que no es una prioridad) por casi 400 millones de pesos.

Si no se ha terminado de pagar a los empleados despedidos a partir del 25 de septiembre, si no se han cubiertos pagos a proveedores que llevan meses sin cobrar, es de risa, sino fuera patético, la insensibilidad de quienes tienen el atrevimiento de declarar esos desatinos que serán cubiertos con dinero nuestro.

O que dentro de unos días deberemos  pagar injustificadamente por las placas nuevas de automotores, un valor que supera en más de 4 veces su costo real de producción; placas prácticamente innecesarias, pero que además deberemos de entregar las anteriores que ya pagamos, sin que nos consideren descuento alguno por ellas.

Señor secretario Vergara, el pago de las placas es un derecho, no un impuesto, espero que sepa cual es la diferencia.

También escuchar la balandronada de que al término de la administración actual, no quedará deuda pública alguna registrada, porque toda quedará cubierta.

Igualmente escuchamos que con singular énfasis arremetieron contra los hoteleros llamándolos evasores y haciéndolos responsables de enormes fugas de tributaciones; ojalá el mismo interés y enjundia se tuviese en la actual administración para encarcelar a sus antecesores.

Con profundo azoro leímos en la prensa nacional que el secretario sobre cuyos hombros recaen estas ocurrencias, celebraba a todo lujo su medio siglo de vida.

Una fiesta según la descripción periodística, fastuosa, multitudinaria, selecta, cuasi faraónica.

El mismo funcionario público que felicitara públicamente a Roberto Borge Angulo por su desempeño en los tianguis turísticos y con el que mercaba las promociones a través de su canal de televisión privada, MEXICO TRAVEL CHANNEL.

Exactamente el mismo personaje que indebidamente ocupa la titularidad de SEFIPLAN con la anuencia del ejecutivo, aunque ambos sepan que está imposibilitado por ley; más allá de su conflicto de intereses como empresario al servicio de la administración que hoy dice perseguir.

A nosotros los quintanarroenses no nos dieron la opción que les dieron a los ciudadanos de Huauchinango, porque ellos se lo pudieron sacudir, pero a nosotros nos lo están imponiendo en flagrante violación a nuestras leyes.

Este mismo inexperto funcionario no ha presentado un proyecto financiero para el 2017 y para el resto del sexenio.

Por cierto tampoco se ha presentado un programa de gobierno en su conjunto.

No se saben hasta hoy, cuales son los ejes torales del proyecto de gobierno.

No se conoce el programa de salud, porque al parecer no hay un inventario de infraestructura y bienes hospitalarios, se desconoce el déficit de camas hospitalarias por habitantes, el número y tipo de especialistas por padecimientos de mayor incidencia, programas preventivos de salud  familiar y programas de vacunación, tampoco sabemos si se cuenta con un cuadro básico de medicamentos suficiente, o si hay programas tendientes a cuidar la salud mental de los ciudadanos que reduzca las tasas de suicidios y de educación sexual para reducir los embarazos en adolescentes, esas y muchas otras cosas relacionadas con esas actividades, no nos las han informado, ni como las van a atender.

En seguridad pública, no hay un programa que permita depurar la fuerza operativa de esa importante corporación, con la implementación masiva de los exámenes de control de confianza, tampoco se sabe de un proyecto que modernice y abastezca suficientemente el armamento, el tren de transporte y las municiones.

El ciudadano de a pie desconoce el mapa geodelictivo que le informe las zonas de mayor peligro y los horarios de incidencia, a fin de que tomen las providencias de cada caso, así como lo que hace la propia autoridad al respecto.

No se sabe cómo se está capacitando al personal, ni la proyecciones para ir reforzando y renovando al plantel existente, ni el papel que juega la Academia de Policía en ello.

Se carece de una ley de seguridad privada que regule los incontables negocios de esa rama y no se sabe si se está trabajando en ella, aun cuando es una actividad íntimamente correlacionada con la seguridad pública.

Un buen ejemplo sería que su titular el comandante Rodolfo del Ángel Campos, exhiba la aprobación de los exámenes de control de confianza obligatorios en su desempeño, o que su jefe directo, el señor secretario de gobierno nos de las explicaciones necesarias a ese respecto, o las medidas que se tomarán con el comandante Del Ángel Campos si no acredita haberlos aprobado.

¿Y en educación? ¿Qué planes se tienen? ¿Cuándo habrá cupo para todos los infantes de primaria y adolescentes de secundaria y preparatoria?

¿Qué opciones les esperan a los egresados de las universidades del estado?

¿Qué proyectos de inversión hay para el campo?

¿Qué programas y desarrollos se tienen  pensados para activar la alicaída economía de la zona sur?

Son tantas las interrogantes que tenemos que, en modo alguno se subsanan leyendo que el ejecutivo asiste a toma de posesiones de sus homólogos, corta listones, y tiene diferentes participaciones políticamente correctas que, según su agenda ocupan su jornada de labores, pero sin acciones contundentes que solucionen los problemas apremiantes y prioritarios del estado y sus municipios.

Hay demasiadas asignaturas pendientes en este nuevo gobierno que nos dejan con la sensación que esta administración está rebasada por falta de experiencia, voluntad, talento y capacidades de sus integrantes, y  en política ya se sabe, como lo dijo Jesús Reyes Heroles… lo que parece, es.

Dic/2016