jueves, 16 de febrero de 2017

Ahí viene el lobo



Ahí viene el lobo.


A casi cien días de la asunción de las nuevas autoridades, no se sabe a ciencia cierta cuales son las acciones tomadas contra aquellos ex funcionarios y funcionarios que impunemente saquearon las arcas estatales y municipales.
La lista de aquellos a quienes se les conoce públicamente como responsables de la expoliación es larga; a grosso modo van algunos ejemplos:
Juan Pablo Guillermo Molina, Mauricio Góngora, Raúl Aguilar Laguardia, Eliezer Villanueva Lanz, Paula González, Claudia Romanillos, Carlos Lima, Fernando Escamilla, José Alberto Alonso y encabezando a éstos y muchos más, Roberto Borge Angulo.
Más de 90 días son suficientes para que la Auditoría Superior del Estado llame a cuentas a Emiliano Novelo Rivero y a Gonzalo Herrera Castilla, Auditor Superior del Estado y Secretario de la Función Pública, respectivamente quienes tuvieron la responsabilidad insoslayable de impedir que estos hechos ocurrieran o en su defecto que fueran sancionados de conformidad con las leyes de la materia, a fin de que expongan sus argumentos y las acciones tendientes a sancionar más de una década de corrupciones e ineficiencias.
Sería una buena forma de convencer a la ciudadanía que las promesas del gobernador actual, eran serias y de compromiso moral con sus gobernados.
Triste papel encara la justicia en Quintana Roo, cuando el órgano fiscalizador del congreso del estado, está encabezado por uno de los integrantes emblemáticos de la administración próxima pasada, Javier Zetina González, para más señas primo del senador Félix González Canto, artífice de un endeudamiento monstruoso para Quintana Roo y siempre señalado con índice flamígero por sus excesos y enriquecimiento sorpresivo cuando fue gobernante, pero don Javier también es primo del actual gobernador, lo mismo que su hermano Jaime Zetina González actual sub secretario de ingresos.
Los hermanos Zetina González desafortunadamente para los quintanarroenses, en vez de esperar el juicio sumario de la justicia del estado en la banca política, son dos prominentes protagonistas del gobierno del cambio cuyas acciones  pretenden poner tras las rejas a sus antiguos compañeros de gabinete.
Jaime desde la subsecretaría de ingresos de la SEFIPLAN es quien debería aportar documentos que acrediten las malversación de fondos de Juan pablo Guillermo Molina y su pandilla, y van desde el endeudamiento injustificado, injustificable e ilegal de Félix y Roberto, pasando por las facturas apócrifas que fueron denunciadas en redes sociales con pelos y señales por empleados de la propia secretaria, hasta el ejercicio del presupuesto por obras jamás realizadas, solo por señalar algunas de las más importantes irregularidades, pero como ex recaudador de rentas de Roberto, testaferro de su primo Félix en Holbox y tesorero municipal de Jaime Hernández Zaragoza, se antoja improbable, sino imposible, que actúe con honorabilidad, ética y probidad en beneficio de los ciudadanos de Quintana Roo, pero todos concluyen en lo mismo, si ese fulano fue capaz de golpear su esposa delante de sus hijos y amenazarla de muerte, lo que le costó el cargo en el gabinete de Ivonne Ortega, que podemos esperar nosotros ciudadanos comunes y corrientes.
El carismático Javier fue ex titular de la APIQROO en los tiempos de RBA  cargo que hoy ostenta la candidata perdedora a la presidencia municipal de isla mujeres, Alicia Ricalde Magaña, y según se dice, no le fue nada mal económicamente hablando dado el enorme presupuesto que maneja la APIQROO, y posteriormente ejerció en SINTRA como titular dela Dirección de Comunicaciones y Transportes, motivo por el cual estaba imposibilitado legalmente para ocupar el cargo que hoy ejerce como titular del Órgano Superior de Fiscalización.
Estas violaciones a la ley deberían ser asunto serio de los diputados locales y del propio titular del ejecutivo, que prometió acabar con los malos ejemplos de sus antecesores, pero tristemente no es el único caso.
Juan Melquiades Vergara Fernández en SEFIPLAN y Rodolfo del Ángel Campos en SESP tampoco reúnen los requisitos de ley para ser titulares de las dependencias que ocupan, Vergara por carecer de la residencia necesaria y del Ángel Campos por no haber aprobado los exámenes de control de confianza que exige el CISEN.
Pésimo mensaje que nos manda el gobierno del cambio en este decepcionante arranque de administración.
De manera que las declaraciones desde campaña del gobierno del cambio que se están ocupando de los delincuentes y quedarán sujetos a proceso todos los responsables de la debacle financiera, incluyendo al mismo Félix González Canto, tienen el mismo impacto que aquella monserga infantil…ahí viene el lobo!!! 


FJ/2016

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