Ahí viene el
lobo.
A
casi cien días de la asunción de las nuevas autoridades, no se sabe a ciencia
cierta cuales son las acciones tomadas contra aquellos ex funcionarios y
funcionarios que impunemente saquearon las arcas estatales y municipales.
La
lista de aquellos a quienes se les conoce públicamente como responsables de la
expoliación es larga; a grosso modo van algunos ejemplos:
Juan
Pablo Guillermo Molina, Mauricio Góngora, Raúl Aguilar Laguardia, Eliezer
Villanueva Lanz, Paula González, Claudia Romanillos, Carlos Lima, Fernando
Escamilla, José Alberto Alonso y encabezando a éstos y muchos más, Roberto
Borge Angulo.
Más
de 90 días son suficientes para que la Auditoría Superior del Estado llame a
cuentas a Emiliano Novelo Rivero y a Gonzalo Herrera Castilla, Auditor Superior
del Estado y Secretario de la Función Pública, respectivamente quienes tuvieron
la responsabilidad insoslayable de impedir que estos hechos ocurrieran o en su
defecto que fueran sancionados de conformidad con las leyes de la materia, a
fin de que expongan sus argumentos y las acciones tendientes a sancionar más de
una década de corrupciones e ineficiencias.
Sería
una buena forma de convencer a la ciudadanía que las promesas del gobernador
actual, eran serias y de compromiso moral con sus gobernados.
Triste
papel encara la justicia en Quintana Roo, cuando el órgano fiscalizador del
congreso del estado, está encabezado por uno de los integrantes emblemáticos de
la administración próxima pasada, Javier Zetina González, para más señas primo
del senador Félix González Canto, artífice de un endeudamiento monstruoso para
Quintana Roo y siempre señalado con índice flamígero por sus excesos y
enriquecimiento sorpresivo cuando fue gobernante, pero don Javier también es
primo del actual gobernador, lo mismo que su hermano Jaime Zetina González
actual sub secretario de ingresos.
Los
hermanos Zetina González desafortunadamente para los quintanarroenses, en vez
de esperar el juicio sumario de la justicia del estado en la banca política,
son dos prominentes protagonistas del gobierno del cambio cuyas acciones pretenden poner tras las rejas a sus antiguos
compañeros de gabinete.
Jaime
desde la subsecretaría de ingresos de la SEFIPLAN es quien debería aportar
documentos que acrediten las malversación de fondos de Juan pablo Guillermo
Molina y su pandilla, y van desde el endeudamiento injustificado,
injustificable e ilegal de Félix y Roberto, pasando por las facturas apócrifas
que fueron denunciadas en redes sociales con pelos y señales por empleados de
la propia secretaria, hasta el ejercicio del presupuesto por obras jamás
realizadas, solo por señalar algunas de las más importantes irregularidades,
pero como ex recaudador de rentas de Roberto, testaferro de su primo Félix en
Holbox y tesorero municipal de Jaime Hernández Zaragoza, se antoja improbable,
sino imposible, que actúe con honorabilidad, ética y probidad en beneficio de
los ciudadanos de Quintana Roo, pero todos concluyen en lo mismo, si ese fulano
fue capaz de golpear su esposa delante de sus hijos y amenazarla de muerte, lo
que le costó el cargo en el gabinete de Ivonne Ortega, que podemos esperar nosotros
ciudadanos comunes y corrientes.
El
carismático Javier fue ex titular de la APIQROO en los tiempos de RBA cargo que hoy ostenta la candidata perdedora
a la presidencia municipal de isla mujeres, Alicia Ricalde Magaña, y según se
dice, no le fue nada mal económicamente hablando dado el enorme presupuesto que
maneja la APIQROO, y posteriormente ejerció en SINTRA como titular dela Dirección
de Comunicaciones y Transportes, motivo por el cual estaba imposibilitado
legalmente para ocupar el cargo que hoy ejerce como titular del Órgano Superior
de Fiscalización.
Estas
violaciones a la ley deberían ser asunto serio de los diputados locales y del
propio titular del ejecutivo, que prometió acabar con los malos ejemplos de sus
antecesores, pero tristemente no es el único caso.
Juan
Melquiades Vergara Fernández en SEFIPLAN y Rodolfo del Ángel Campos en SESP tampoco
reúnen los requisitos de ley para ser titulares de las dependencias que ocupan,
Vergara por carecer de la residencia necesaria y del Ángel Campos por no haber
aprobado los exámenes de control de confianza que exige el CISEN.
Pésimo
mensaje que nos manda el gobierno del cambio en este decepcionante arranque de
administración.
De
manera que las declaraciones desde campaña del gobierno del cambio que se están
ocupando de los delincuentes y quedarán sujetos a proceso todos los
responsables de la debacle financiera, incluyendo al mismo Félix González
Canto, tienen el mismo impacto que aquella monserga infantil…ahí viene el
lobo!!!
FJ/2016
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